Pero incluso donde las leyes que rigen la eutanasia voluntaria funcionan bien, hay un inconveniente significativo. El muy estricto conjunto de condiciones implica que el proceso de cualificación sea exigente y pueda resultar humillante para las personas involucradas.
Además, hay algunas personas (las que encajan con la descripción de estar “cansadas de vivir”) que simplemente nunca podrán ser aptas.
En el Territorio del Norte de Australia en 1996, un enfermo terminal tenía que obtener dos opiniones médicas, una de cuidados paliativos y otra psiquiátrica antes de que pudiera ser declarado apto para que se le aplicase la ley para morir dignamente. En la práctica, esto significa que personas gravemente enfermas tienen que mendigar a la profesión médica con el fin de ser declaradas aptas para morir.
Durante mis actividades bajo esta ley, se hizo evidente rápidamente que ninguno de mis cuatro pacientes que utilizaron la ley ROTI se hubiese sometido al proceso de evaluación exhaustiva si hubiese tenido acceso a una Píldora Apacible en el armario de su casa.
¿Por qué motivo se sometería una persona a un examen psiquiátrico obligatorio si ya tuviese los medios para una muerte digna y apacible?
Habrían esperado simplemente hasta el momento adecuado y entonces habrían tomado la píldora. Las propias leyes que deberían autorizar a estas personas enfermas y frágiles parecían hacer exactamente lo contrario. La ley negaba y niega la decisión a estas personas y en su lugar, se colocó en manos de los médicos encargados de establecer la aptitud.
Si bien algunas personas desean involucrar a médicos en sus muertes, otros no. Nuestro postulado en Exit es que la muerte