SEGURIDAD PÚBLICA
una mano amiga por parte de personas capacitadas para ello, primeramente, no se caería en esa condición y el daño co- lateral a la sociedad. Por no existir una ayuda pronta, el indigente para satisfa- cer necesidades recurre a lo más fácil: el robo, el asesinato y la estafa. La corrupción influye en el incre-
mento de la inseguridad ciudadana. El saqueo del patrimonio público y la con- ducta desviada de funcionarios son ele- mentos relacionados con la criminalidad. La falta de inversión es un factor que
afecta la lucha contra el delito. Los re- cursos dilapidados por la corrupción han podido ser destinados a solventar el déficit material y humano que presen- tan las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, entre otras instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Debido a la corrupción, la libertad
no es en función de la justicia sino del dinero, las influencias y el poder polí- tico. También, la falta de criterio en las sentencias evita rescatar a quienes po- drían ser rehabilitados con trabajos ha- cia la comunidad. Los policías, fiscales, jueces y funcio-
narios de los organismos de seguridad que desvían su actuación por la vía de la corrupción contribuyen con la impuni- dad de los criminales. El Estado, el Presidente y el Parla-
mento deben hacer realidad el buen funcionamiento de estos sistemas, vigi- lando que los recursos pertinentes sean aprovechados en los puntos más estra- tégicos y no vayan a llenar los bolsillos burocráticos. Asimismo, los magistra- dos deben decomisar los bienes e ingre- sos derivados del delito de corrupción, sin importar las transformaciones lega- les realizadas para burlar a la justicia. Otra preocupación es la desconfian-
za ciudadana basada en los lamentables hechos de sangre, corrupción y falta de profesionalismo de las autoridades de seguridad. Para crear un ambiente de confianza
deben estar involucrados la Policía, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y la Sociedad, bajo los lineamientos de un gobierno decidido a combatir este mal. Se requiere de unas autoridades donde sus canales sean menos burocrá- ticos e incentiven el buen desempeño con sistemas modernos.
UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Para lograr controlar estos flagelos se requiere un plan de acción que involu- cre a todos los ciudadanos a ser cons-
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cientes de este problema pero con una visión integral y realista. Es evidente que no existe una solución mágica con todas las claves de la solución, tampoco rece- tas de expertos. Sin embargo es una tarea ineludible
e impostergable priorizar una estrate- gia de seguridad ciudadana. Si logra te- ner un éxito relativo se convierte en un mecanismo de contención y ciudadani- zación, y por ende de mayor profundi- zación de la democracia. En última ins- tancia puede ser una solución para estos desafíos del entorno. Si las políticas de seguridad ciudada-
na se basan sólo en el sistema de justicia criminal, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía no tendrán un impacto positivo. El enfoque de esta política pública debe enfatizar una estrategia preventiva. También debe existir una continui-
dad en las políticas públicas para luchar contra la violencia. Existe la tentación de buscar soluciones rápidas y ello no es posible cuando el problema se viene agravando durante muchos años. Hay que pensar en respuestas a la medida con un enfoque integral. Es el Estado quien deber ser el prin-
cipal promotor. La lucha contra la de- lincuencia no conlleva a simplemente promocionar una que otra captura ni en función de cuantos van a la cárcel. La seguridad ciudadana debe estar ba- sada en la prevención, control y ejecu- ción de medidas realistas para proteger al ciudadano. La estrategia de Seguridad Ciudada-
na requiere un enfoque integral y arti- culado para la lucha contra el crimen
para enfrentar un desafío. Debe estar compuesto por un conjunto de políti- cas, estrategias y numerosos sistemas que debe involucrar a todos los sectores sociales con sus comunidades, tomando en cuenta la realidad de los hechos, la victimización y la percepción. Para for- talecer la seguridad ciudadana se precisa de una gerencia estratégica con objeti- vos claros y definidos. Además, se requiere un presupuesto
para la aplicación del plan, programas y operaciones, así como la adquisición de la logística, materiales, equipos de comunicación y vehículos como sopor- te de dicho plan. Es importante contar con herramientas donde se suman los esfuerzos de todos los actores a nivel de Gobierno central, regional y municipal; también se debe incluir a la sociedad civil y a la empresa privada. El Estado debe orientarse a fortalecer unos efi- cientes sistemas de seguridad y justicia. El énfasis debe estar en todas las mani- festaciones de los delitos con un enfo- que preventivo; no sólo es cuestión de incrementar el número de efectivos sino de una mayor especialización. La Seguridad Ciudadana y la Policía
Comunitaria son conceptos relativa- mente nuevos en América Latina. La sociedad civil y los Gobiernos están dejando su obsesión por la guerra y los métodos militares para solucionar los descontentos sociales, el desarrollo y la protección de las personas. De esta manera, el interés por la Se-
guridad Ciudadana y la Policía Comuni- taria se están posicionando en un pri- mer plano de la agenda política. En las
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