C C T V
¿CÓMO SURGE LA IDEA DEL USO DE CCTV EN JUICIOS?
Luego de la controversia causada por la película “Presunto culpable” el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marce- lo Ebrard, propuso promover la video- grabación de los juicios en la ciudad de México con el fin de transparentar los procesos. Asimismo, los diputados locales
del Partido Acción Nacional (PAN) se pronunciaron a favor de que todos los juicios sean videograbados para hacer eficiente el Sistema de Procuración de Justicia. Solicitaron que el uso de cáma- ras sea obligatorio desde el momento de la detención de la persona, durante su declaración ante el Ministerio Público y en el proceso penal. Sergio Eguren Cornejo y Carlos Pi-
zano, diputados panistas, apoyan la iniciativa para que la cinta “Presunto Culpable” no se quede como una críti- ca al sistema que pone de manifiesto las corrupciones, las irregularidades y las arbitrariedades que se cometen en los juzgados, en la policía judicial, en los ministerios públicos y en los reclusorios.
Por su parte, Sara Franco, coordina-
dora de mercadotecnia de Axis Com- munications, explicó que al equipar con esta tecnología las salas se pretende que toda la información captada quede guardada como un registro digital en un formato fácil de ejecutar (MPEG-4), que permita su revisión en cualquier mo- mento para que los datos no se tergiver- sen bajo ninguna circunstancia, ya que la única interacción que existirá entre el equipo y el operador será el botón que comience el registro. Asimismo, como una medida adicio-
nal de seguridad, el video será almace- nado fuera del país para evitar contra- tiempos o modificaciones, ya que otra ventaja que ofrece el sistema de video- vigilancia que se usará en los juicios es precisamente el envío vía remota, que adicionalmente permite su monitoreo en tiempo real, comentó Franco. Lograr control, seguridad y transpa-
rencia en todos los casos es lo que se busca al recurrir al uso de estos adelan- tos tecnológicos de CCTV, puntualizó la vocera de Axis, empresa que ofrece soluciones de video en red para instala- ciones profesionales.
¿LOS JUICIOS SE PUEDEN VIDEOGRABAR?
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, aseguró que los juicios penales que se llevan a cabo en los juzgados capitalinos son públicos y pueden ser presenciados por cualquier persona, in- cluso pueden ser filmados. “Claro que se puede videograbar una audiencia, siem- pre y cuando el juez lo permita”, expresó. No obstante, el magistrado presi-
EQUIPO NECESARIO “Será en enero de 2012 cuando comien- cen a grabarse los juicios civiles y mer- cantiles en el Distrito Federal”, indicó Marcelo Ebrard. Dijo que se requiere una inversión de 11 mil millones de pe- sos porque se necesitan construir nue- vas salas de audiencia, preparar a los jueces, ministerios públicos, policías de investigación y abogados. Previsiones del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal indicaron que se contarán con al menos 20 salas destinadas a los juicios orales, las cuales estarán equipadas con cuatro cámaras y micrófonos para captar al juez, al impu- tado, al Ministerio Público y al testigo.
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dente, Édgar Elías Azar, concluyó que actualmente todas las audiencias se puedan grabar, ya que son públicas, con las siguientes excepciones: que las par- tes involucradas no lo acepten, que los procesados sean menores de edad o que el juez determine por alguna causa que no es aceptable registrar el acto. Por otra parte, el consejero de la Judi-
catura Federal, César Esquinca Muñoz, señaló que las grabaciones de los juicios no son para uso de difusión en los me- dios, solamente para los jueces, los abo- gados defensores y los fiscales. Sin embargo, no todos consideran
que filmar las sesiones de los juicios orales sea la mejor solución. La diputa- da local Lizbeth Rosas, integrante de la Comisión de Administración y Procura- ción de Justicia, consideró que para ha- cer más transparentes los casos se ten- drían que grabar desde las detenciones.
VIDEOVIGILANCIA EN VERIFICENTROS
Luego de una lista interminable de ac- ciones irregulares para verificar los au- tomóviles, se propuso el uso de cámaras de vigilancia en estos sitios. Las “mordidas” proporcionadas por
los automovilistas para que su coche pase la verificación verán su fin, gracias a la instalación de cámaras de videovigilan- cia, sistema que será obligatorio en todos los verificentros de la ciudad de México. Y es que de acuerdo a la Gaceta Ofi-
cial del Distrito Federal, a partir del se- gundo bimestre del año, estos centros deben estar equipados con CCTV para grabar todas y cada una de las verifica- ciones que realicen y, de esta forma, ase- gurar la más alta calidad y transparencia posible en sus servicios. Esas imágenes deben ser guardadas
para mostrarlas a las autoridades cuando sean solicitadas o bien, entregárselas cada seis meses. De igual forma, deben contar con un medio para transmitir los regis- tros de todo el proceso de verificación; es decir, desde las placas del vehículo, las entradas y salidas al establecimiento, el patio de acumulación de los automóviles, la entrega de resultados, la caseta telefó- nica, el aforo y el tiempo de espera. Esta red de vigilancia en video debe
estar conectada a un contador electró- nico del número de carros que ingre- san, se verifican y salen. Finalmente, el verificentro está obligado a tener una conexión vía red privada virtual con el Centro de Cómputo de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capita- lino para transmitir, en tiempo real, la base de datos generadas por las verifica- ciones realizadas durante el día.
MALAS PRÁCTICAS EN VERIFICENTRO CAPTADAS POR EL LENTE
El empleado Geovany Alberto Luna Flores fue aprehendido y entregado a las autoridades para responder por el delito contra la gestión ambiental. Trabajaba en un verificentro de la colonia San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Ma- dero, en donde fue captado por cámaras de seguridad al momento de realizar in- debidamente su trabajo. El joven técnico se encargaba de ma-
nipular los equipos electrónicos e infor- máticos para verificar los automóviles. Para obtener ganancias recurría a malas prácticas para beneficiar a los ciudada- nos propietarios de vehículos contami- nantes. La sanción por este delito va de tres a nueve años de prisión. n
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