A partir de esto, surge un nuevo con-
cepto llamado “delito aspiracional” que Gema Santamaría lo explicó al Diario Las Américas (edición del 12 de noviem- bre de 2013) como las tensiones que sur- gen como resultado de perspectivas de consumo insatisfechas, provocando que el delito aumente. Y es que esa necesidad de no verse
excluido por una sociedad de consumo que juzga a la persona por la marca de una prenda, el adelanto tecnológico de su teléfono móvil o la insignia del vehí- culo que conduce, terminan estimulan- do la generación de conductas desviadas que ya no responden a carencias básicas asociadas a la pobreza, sino más bien a la necesidad de escalar o mantener un estatus social que, a pesar de todo el cre- cimiento económico alcanzado, no se ha logrado satisfacer. Ahora bien, si como se cita en el pá-
rrafo anterior, el problema de seguridad tiene una explicación multidimensional, la solución tiene que desarrollarse en cada una de esas dimensiones y es que, en efecto, el mismo informe del PNUD sos- tiene que la seguridad ciudadana no debe entenderse exclusivamente como una simple reducción de los índices de deli- to y violencia, sino como el desarrollo de una estrategia integral que incluya la me- jora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia ac- cesible, ágil y eficiente; y una educación basada en valores de convivencia pacífi- ca, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. Esto implica la existencia de un fenó-
meno complejo que requiere un nivel de abordaje de tipo holístico, multidiscipli- nario, intersectorial e interinstitucional en el que no se pueden perder de vista las expectativas de los principales inte- resados en que esta situación se revier- ta, como son la comunidad, la sociedad civil, los empresarios, grupos econó- micos, los intelectuales, el colectivo de profesionales, técnicos y especialistas en las diferentes disciplinas, y, desde luego, los actores de la gestión del gobierno central, regional y local, así como los principales responsables de proveer la seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituya un bien público al que todas las personas tienen derecho.
LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
En torno a lo anterior, la pregunta que a renglón seguido surge es qué podemos hacer para coadyuvar en resolver esta si-
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tuación pues es evidente que como téc- nicos y en muchos casos expertos en la generación de soluciones y miembros de una enorme colectividad de profesiona- les del campo de seguridad, no podemos vernos desde ningún punto de vista aje- nos al problema. Se debe tener en cuenta que una bue-
na parte de los asuntos que en nuestro diario quehacer atendemos se genera precisamente en el contexto de la muy venida a menos seguridad ciudadana y las opciones de tratamiento que hemos venido aplicando no han hecho más que reproducir las estrategias de amuralla- miento y apostamiento de vigías del pa- sado —hoy reemplazadas eficientemen- te por la tecnología— que no hacen foco alguno sobre las causas raíces u orígenes del problema que a todas luces se halla en ese espacio público en el que a pesar de no tener competencia últimamente se nos ha involucrado. Téngase en cuenta que la mayoría
de países que han mejorado sus planes nacionales de seguridad ciudadana, han abierto la participación del sector priva- do a efectos de recibir su contribución a la solución del problema y si bien estos mecanismos aún no se han perfeccio- nado, encontramos la oportunidad de empezar a movilizar nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo entorno a la construcción de soluciones que no se limiten a reforzar el perímetro de ins- talaciones, barrios y espacios que están dejando de ser públicos para esconderse tras inexplicables cercos de fierro, en un último afán de mantenerlos libres del acecho delictivo. Las soluciones, definitivamente deben
tener un enfoque más sistémico que nos obligue a salir de nuestros costosos es-
pacios de confort y a buscar cómo llevar el control de la puerta a la esquina, a las plazas, parques y mercados, a las calles y avenidas. En fin, a esos espacios públicos que el Estado sintomáticamente dejó de atender al nivel de toda la región latinoa- mericana. Citaré unas palabras que se atribuyen al ex presidente soviético Vla- dimir Lenin: “Si no eres parte de la solu- ción; eres parte del problema”.
¿CÓMO SE LLEGA A CONCEBIR LA SOLUCIÓN?
Como investigador en el campo de ries- gos, cuando tuve la oportunidad de di- rigir el capítulo de seguridad f ísica del Programa Integral de Seguridad Bancaria de la Asociación de Bancos del Perú (AS- BANC), uno de los principales objetivos que nos trazamos fue el de llevar la ex- periencia de implementación de sistemas enfocados en riesgos —que hasta ese momento la había empleado en propó- sitos de seguridad corporativa y lavado de activos— a los servicios que recibía el sistema financiero peruano en el marco de la alianza público-privada que desde hace muchos años existe con la Policía Nacional. Y hablo de esta experiencia porque al
tratar de entender ese modelo de coope- ración interinstitucional concebido para “garantizar la eficiente protección del personal, clientes, usuarios, patrimonio e instalaciones de las empresas o enti- dades integrantes de ASBANC” —como reza el objeto del convenio que rige la relación jurídica que mantienen ambas instituciones— descubrí que en la medi- da que buscaba comprender la compleji- dad del catálogo de riesgos que sistémi- camente afectaba a más tres mil oficinas a nivel del territorio nacional e ideaba la
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