EL PROFESIONAL OPINA
la “efectividad institucional”, específicamente en lo que se refiere a la rapidez en el despa- cho de las unidades de asistencia, que se ubi- có en niveles de entre 30 y 90 segundos, así como para su arribo al sitio de ocurrencia de los eventos que se ubicaron en tres a cinco minutos para patrullas de la policía, cinco a siete minutos para ambulancias y entre siete a 10 minutos para bomberos; esto calculado en condiciones de tráfico y estructura urbana de la ciudad de México en la década de los años 90. El efecto práctico de estas significa- tivas reducciones en el tiempo de respuesta se materializó en la preservación de vidas y propiedades, que a su vez repercutió como un alto nivel de aceptación y satisfacción social, según se pudo comprobar a través de la in- formación recopilada de los beneficiados por alguno de los servicios prestados. Asimismo, a partir de los procedimientos
de seguimiento y verificación de los servicios fue posible elevar la calidad en el desempeño de las corporaciones institucionales para la atención de emergencias, tanto públicas como privadas ya que permitieron detectar y even- tualmente corregir deficiencias en el mismo, así como algunas prácticas de corrupción que fueron debidamente sancionadas. Todo lo anterior contribuyó a mejorar
significativamente la imagen de credibilidad y confianza social en las corporaciones y por ex- tensión en las instancias institucionales. Aun- que la información de estas acciones se res- tringían a las esferas de mando de las propias corporaciones y de Gobierno, y no se abrían al conocimiento público; sino únicamente a los afectados por el mal servicio, esto sólo de ma- nera discrecional por parte de estos niveles de mando institucional, de acuerdo a las formas típicas de ese momento. Las circunstancias del momento actual,
de fuertes cuestionamientos, algunos de ellos desafortunadamente justificados, respecto a la efectividad y rectitud en el desempeño de las corporaciones de seguridad pública, configu- ran una situación de crisis en la credibilidad y confianza social hacia las instituciones, que comprometen las perspectivas de gobernabili- dad, y por ende las posibilidades para construir el bienestar y la prosperidad social. Circuns- tancias y cuestionamientos que no favorecen la propuesta de soluciones basadas en formas confinadas a las propias corporaciones, sino que propugnan por la inclusión de esquemas de transparencia de gestión con un sentido de apertura al escrutinio social, como los meca- nismos de seguimiento y evaluación del des- empeño que son posibles de integrar y operar a través de un esquema de servicio de Número Universal de Emergencia, y que ya han demos- trado sus posibilidades de éxito para las condi- ciones del entorno nacional en el pasado. Para estos efectos, la condición más rele-
vante, y de alguna manera asociada al reque- rimiento de una estructura orgánica de natu- raleza civil bajo el mando institucional; pero
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independiente de las corporaciones, sería la integración a dicha estructura de la figura de los “testigos sociales” independientes del ámbito institucional, que provengan de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos o similares que ya detenten alguna forma y grado de credibilidad y confian- za social. De preferencia con una presencia permanente en el centro de operación del servicio, que con atributos de “contra- loría social” puedan fungir como un “aval” virtual que otorgue esa certidumbre que la ciudadanía no sólo espera sino reclama enfáticamente respecto a efectividad y rectitud en el desempe- ño de las corporaciones institucionales, en particular de seguri- dad pública.
Conclusiones Recuperar la credibilidad y la confianza es un proceso mucho más complicado y dif ícil de lograr que construirlas desde una base cero, porque no sólo se tiene que conquistar a la audiencia objetivo, sino superar los negativos que llevaron a su pérdida. De aquí la conveniencia de recurrir al apoyo de quienes ya de- tenten credibilidad y confianza como medio para facilitar dicho logro. Para efectos de la credibilidad y la confianza social, las “enemigas” son principalmente la opacidad y la discrecionalidad con las que se suelen encubrir las deficiencias (incumplimien- tos regulatorios), la incompetencia (malas prácticas) e incluso la delincuencia (corrupción, extorsión, robos); de tal suerte que la mejor manera de combatirlo es a través de una visualización abierta del desempeño, a través de prácticas de transparencia de gestión. De aquí se puede proyectar la conveniencia de impulsar
la implementación de un servicio de Número Universal de Emergencia en México para las actuales condiciones de des- encanto y desconfianza hacia las instituciones ya que propor- ciona un medio de transparencia que abre espacios de opor- tunidad para recuperar y reconstruir una base de credibilidad y confianza social en las corporaciones de seguridad pública y por extensión hacia las instancias institucionales, lo que re- percutiría en un fortalecimiento de las perspectivas de gober- nabilidad y, eventualmente, de las posibilidades para construir el bienestar y la prosperidad social. “Hacer es la mejor manera de decir”, José Martí. n
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RECUPERAR LA CONFIANZA ES UN PROCESO MUCHO MÁS COMPLICADO Y DIFÍCIL
David Chong Chong,
secretario general para México de la Corporación Euro Americana de Seguridad, CEAS México. Más sobre el autor:
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Foto: © Dmitry Kalinovsky | Dreamstime
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