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ARTÍCULO


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rios públicos o casos de corrupción (pocos, sí, pero los hay). Como para amainar las críticas, el pasado 7 de mayo la entidad difundió con énfasis su Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra la Corrupción 2013-2017 con tres objetivos: incrementar la prevención, garantizar los derechos ciu- dadanos y crear espacios de participación ciudadana.


¿CONTRAPODER? En la práctica, ha sido un rol asumido por la prensa independiente, a la que Correa ve como su principal escollo. La aversión a los medios de comunicación privados “mercantilistas”, “opositores”, “golpistas” o “corruptos”, y decenas de calificativos usados por él, quedó ratificada en su úl- tima posesión. De hecho, en la Asamblea, y aprovechando la presencia de invitados internacionales, matizó que su batalla no solo será local.


“La prensa latinoameri-


cana, con las honrosas excepciones de siempre, es mala, muy mala”. Denunció, además, ser víctima de un permanente “linchamiento mediático”, como también –aseguró- lo sufre la mandataria de Argen- tina, Cristina Kirchner, y lo experimentaron los fallecidos gobernantes de ese país, Nés-


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tor Kirchner, y de Venezuela, Hugo Chávez. “No han podido ni podrán con nuestra in- tegridad”. No fue casual que en su extenso dis-


curso de investidura las palabras más usa- das fueran “prensa” y “medios” (20 veces). También ha aprovechado aquel escenario para lanzar nuevamente dardos contra la Comisión Interamericana de Derechos Hu- manos (CIDH) de la OEA. Para Correa, es una contradicción que la sede de la CIDH esté en Washington, porque Estados Uni- dos no ha suscrito la Convención America- na de DDHH.


AQUÍ NO SE PERMITE LA TORTURA, NO HAY PENA DE MUERTE, NO HEMOS INVADIDO A NADIE, NO HAY AVIONES CON- TROLADOS MATANDO GENTE. Se persiguen delitos, no personas


Y, particularmente, el presidente tam- bién critica que la Relatoría Especial para


la Libertad de Expresión de la CIDH reciba financiación estadounidense y extrarre- gional, lo cual, para él, sesga los informes del órgano. Pero, a diferencia de Ecuador, en la OEA las cosas no son como Correa desea, sino como lo deciden los 35 esta- dos miembros. Por ello, no prosperaron los cambios planteados por la Cancillería ecuatoriana -y apoyados por gobiernos afines de la región como Venezuela, Argen- tina, Bolivia y Nicaragua- al Sistema Inte- mericano de DDHH, en la sesión extraor- dinaria de la OEA el 22 de marzo pasado. Ecuador pedía que la Relatoría Especial se financie exclusivamente con fondos de los estados miembros o contribuciones “no di- reccionadas ni condicionadas”. Esas refor- mas, de concretarse, “debilitarían la CIDH y facilitarían que los gobiernos puedan ignorar derechos fundamentales y limitar la libertad de expresión”, ha asegurado Cé- sar Gaviria, expresidente de Colombia y ex secretario general de la OEA, al The Miami Herald. La relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero, también ha mostrado sus temores. “Si a esta relato- ría, tal y como están las cosas, se le im- pide que pueda acceder a recursos de terceros, tiene que cerrar sus puertas”.


Julio - Agosto 2013


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