esos “Pepe y Toño”? Si aun con el apoyo de la tecnología y de las leyes pareciera que están descobijados cuando se trata de denunciar el robo o un mal uso de su información sensible. La realidad en México es que, cuando las personas o em-
presas son víctimas de algún robo de datos, de la divulgación de secretos, del espionaje o del hurto de sus activos no saben a quién acudir o dónde presentar una denuncia, aparte de que generalmente prefieren mantener su identidad en el anonimato o no ventilar sus casos a la luz pública; mas para poder combatir la llamada “cifra negra de los delitos informáticos”, aquélla que desconocemos y escapa de las estadísticas, siempre será nece- sario reportar cualquier evento de este tipo y/o compartir nues- tras experiencias. El gran problema al respecto, como comentamos en nues-
tro anterior encuentro, es que los Ministerios Públicos necesi- tan ligar el acto delictivo con la persona, por lo cual sugerimos a las empresas redactar un contrato de confidencialidad y un anexo que el usuario de nuestros datos institucionales deberá firmar de conformidad, poniendo incluso su huella digital y se- ñalando, además, que está recibiendo un password o clave, lo que de alguna manera le está confiriendo a este último cierta responsabilidad legal sobre el uso de esa información. Asimismo, mencionamos que en contrato de confidencia-
lidad y/o anexo escrito de asignación de dispositivos informáti- cos (tabletas, laptops o simplemente un CPU) deberán aparecer todos los datos de las partes involucradas —con la participación de testigos, de ser posible—, así como los datos del equipo que le será asignado al usuario para el cumplimiento de sus funcio- nes dentro de la empresa, incluyendo número de serie, MAC adress (un identificador de 48 bits que corresponde de forma única e irrepetible a una tarjeta o dispositivo de red), entre otras características puesto que en caso de deslealtad todo esto servi- rá al juzgador para no poner pretextos o evadir su compromiso en la impartición de justicia.
¡Pruebas… pruebas! Mediante la firma de un contrato de confidencialidad, las or- ganizaciones están haciéndoles saber a sus futuros o presentes empleados que es un delito apoderarse de información gene- rada por y para éstas. Un acuerdo de esta índole, al igual que los llamados “avisos de privacidad”, debe manejar un lenguaje sencillo y presentar una estructura que facilite su entendimien- to; de hecho, aquí no cabría sutileza alguna ya que la idea es concientizar a los empleados acerca de su responsabilidad de proteger la información confidencial de la compañía en todo momento y hacerles de su conocimiento las consecuencias le- gales por incumplir el contrato o infringir una política corpora- tiva establecida y presentada como requisito antes de cualquier contratación. Llámese robo, hurto, apropiación o ratería, el caso es que
utilizar, transferir, compartir, vender o simplemente sacar pro- vecho de algo que en teoría ostenta derechos de propiedad inte- lectual, no deja de ser un delito aquí y en China. Aunque en casi todos los estudios realizados últimamente por el Ponemon Ins- titute (
www.ponemon.org) se ha resaltado una cifra interesante y a la vez perturbadora: casi la mitad de los empleados piensa que es propietario de una parte de su trabajo y de sus creaciones, y además considera que no es delito la reutilización de estas crea- ciones para aprovecharlas en proyectos de otras empresas; es decir, atribuyen la propiedad intelectual a quien las ha desarro- llado y a quienes de alguna manera participaron en dicha labor, cuando en realidad se están cobijando en el hecho de que los directivos de sus organizaciones no ven a la protección de los datos como algo prioritario o no tienen la capacidad de aplicar las políticas definidas para esta materia.
seguridadenamerica.com.mx 61
La utilización ilegal de los datos que extraiga un emplea-
do de las empresas puede recaer en varios terrenos de la juris- prudencia: dentro del Código Penal mexicano, por ejemplo, se considera un delito usar información para amenazar al empre- sario o a ex compañeros o para descubrir secretos personales; en materia laboral, es delito y causal de despido el aprovechar la información íntima para el acoso sexual, étnico y racial, así como para la discriminación por religión y convicciones, por discapacidad, edad u orientación sexual. Pensando en la posibilidad de que alguno de nuestros em-
pleados se vaya a trabajar con la competencia, las compañías debemos especificar en el contrato de confidencialidad nuestros privilegios de propiedad y de utilización de los equipos informá- ticos que aquellos necesitarán para trabajar. También, debemos implementar un servicio que genere imágenes forenses de esos dispositivos y, aunque éstos sean reasignados a otros empleados, tendremos siempre una evidencia digital resguardada. Es dif ícil asegurar que existe en la práctica un equilibrio
entre la aplicabilidad de las leyes y el ámbito informático, como dif ícil es determinar el valor probatorio de los documentos electrónicos dentro de un posible litigio por abuso de confian- za, transferencia de propiedad intelectual o por el robo de bases de datos. De ese y de otros temas relacionados hablaremos en la siguiente entrega. No olvide que el camino para llegar a un securus mundi, lo comenzamos todos. n
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