ngreso para evitar la privatización del agua Miércoles 1 de febrero de 2017
Viernes 1 de Abril 2011
siquiera la licitación a concurso paro colectivo estos decretos, tenemos unas dos semanas para ello”, comentó Roberto Proo
/Economía
la ley federal en su artículo 2, mismo que fue reformado el 14 de julio de 2014.
Sin embargo, la Ley aprobada por el Congreso Local de Baja California, a propuesta del gober- nador Francisco Vega Lamadrid, elimina el ren- glón que establece que las inversiones deben cumplir “objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País (en el estado)”.
Ya con esta ley en vigor, el 30 de diciembre se publicó el Decreto 57 (dictamen 62), instru- mento legal que permite la autorización de los Contratos de las Asociaciones Público Privadas (CAPP):
“Al estar el agua protegida por instancias inter- nacionales de derechos humanos, el goberna- dor Kiko Vega necesitaba aprobar primero la Ley del Agua, para regular el servicio a nivel es- tatal antes de poder concesionarlo a empresas privadas vía este dictamen y los otros comple- mentarios, que son: el decreto 55 (que elimina comisiones como CESPE y crea dos órganos estatales reguladores), el decreto 63 (sobre la regulación del cobro del agua), el decreto 64 (sobre los cuidados del agua), el decreto 65 (modificando el orden legal que desde 1967 hasta el 2016 sustentó a las CESPE) y el decreto 67 (que reforma el artículo 11 del estado de Baja California)”, expresó Roberto Proo.
Cabe señalar que todos estos decretos fueron votados y aprobados no sólo por PAN, PRD y MC, sino también por el PRI, a diferencia de lo que sucediera con Ley del Agua de Baja Cali- fornia.
En contra del dictamen 62 votaron los dos diputados del Movimiento Regeneración Na- cional (MORENA), Catalino Zavala Márquez y Víctor Manuel Morán Hernández, así como el diputado del Partido Encuentro Social (PEZ), Luis Moreno Hernández
El Partido del Trabajo (PT) votó en contra de la Ley de Agua y se abstuvo de votar el dicta- men 62 (convertido ahora en decreto 57), con el argumento de la diputada petista Claudia Agatón de que no se le entregó la información a tiempo de poder analizarla antes de emitir su voto.
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