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/Academia Mexicanos Primero


Por David Calderón M.


Miércoles 1 de febrero de 2017 Viernes 1 de Abril 2011 Gobiernos estatales: Cumplan con educación de calidad


nen nombre: son los secretarios de educación de Puebla, de Sonora, de Aguascalientes, de Jalisco, de Yuca- tán, de Guanajuato, de Zacatecas.


El llamado que hacemos desde la sociedad civil, es amplio y exigente para los gobiernos estatales, aunque no queremos dejar de mencionar dos asuntos imprescindibles, que corresponden al INEE y a la SEP, res- pectivamente.


Las tareas para este año son claras, y las enunciamos en diez puntos:


Para los gobiernos estatales:


1. Asegurar que todas las plazas se entreguen por mérito, asignadas por concurso, en ingreso y promoción. Además de resolver los pagos atra- sados e incompletos para quienes se han evaluado, es imperativo transpa- rentar y confirmar la concordancia entre el número de vacantes definiti- vas y los lugares concursados en las convocatorias, respetar el orden de prelación y dar plena certeza de que se respeta la ley en las llamadas “re- gularizaciones” de eventuales y en el regreso de comisionados al aula.


L a transformación educativa


que necesita nuestro país no se agota con la reforma a la


Constitución y las leyes aprobadas en 2012 y 2013. Hay mucho más que hacer, pero esos cambios de reglas resultan indispensables e imposter- gables para avanzar hacia el ejerci- cio cabal del derecho de las niñas, niños y jóvenes a aprender.


Este 2017 es un año clave para la educación en México, pues sólo con la congruencia y con un avance sos- tenido de la implementación de la reforma normativa se pueden lograr los primeros frutos sólidos de este cambio de dirección, en el que ya estamos inmersos. De otra manera, arrastraremos la sobrecarga y la irritación de haber salido del status quo, pero sin alcanzar los beneficios tangibles que se esperaban.


La responsabilidad de dar cumpli- miento a la ley recae, en la práctica cotidiana, en los gobiernos estatales: son ellos quienes tienen las atribu- ciones legales principales –no el Secretario federal, ni el INEE- para


cumplir con lo que se reformó desde el Legislativo.


Es responsabilidad de los gobiernos estatales que la reforma actual cum- pla su propósito y sirva de platafor- ma para nuevas y necesarias trans- formaciones, pues son los estados quienes administran las escuelas; seleccionan, contratan y despiden maestros; son los responsables de su formación inicial y continua; mane- jan la conformación de plantillas de las escuelas y las jubilaciones; asig- nan los contratos de obra para la in- fraestructura escolar; se relacionan adecuada o inadecuadamente con las secciones sindicales; participan o se desentienden de las evaluaciones de los docentes y de los alumnos.


Son, pues, los gobiernos estatales quienes deben asumir el papel prota- gónico que les corresponde en este ciclo de reformas; sin embargo, con demasiada frecuencia los goberna- dores y sus secretarios de educación han sido el obstáculo principal para el cumplimiento de la ley, empeque- ñeciendo o distorsionando el efecto


que se esperaba de muchas de las nuevas reglas.


Con gran realismo, Carlos Ornelas ha subrayado que los gobernadores tuvieron pocos incentivos desde el inicio para sumarse a la reforma nor- mativa: no sólo tendrían que enfren- tar las inconformidades y disturbios por la resistencia al cambio, sino que además se vio mermado su manejo financiero de la nómina, su autoridad discrecional, sus acuerdos políticos con las dirigencias locales, y además el crédito del cambio y los reflectores se los llevó la SEP federal. Muy cierto; no se puede obviar la “tecnología de poder” que todo cambio de política pública exige. Por otro lado, no pue- de tampoco renunciarse, a mi juicio, a la visión del gobierno democrático como “la ley del más débil”, como la llama el jurista y politólogo italiano Luigi Ferrajoli. La sociedad demo- crática debe salir de un tradicional reparto de botín entre las élites –una dinámica de meros incentivos- para sufrir recortes a los privilegios, y fa- vorecer a quienes más lo necesitan –en este caso, niñas, niños y jóvenes


de México. Motivos, por encima de incentivos. Pero además, deben ac- tivarse los incentivos nuevos, que permitan dejar los entrañables vicios del pasado.


No olvidemos que hay muchos go- biernos que apenas empiezan su periodo de mandato, y que tienen la responsabilidad de empujar lo que quedó plasmado en la Constitución y las leyes más allá de 2018, porque esta reforma es de todos los mexi- canos. Con los procesos recientes, hay trece nuevos gobiernos que se van a estrenar en la responsabilidad educativa, y en meses próximos se sumarán tres más, de manera que prácticamente la mitad de los estu- diantes mexicanos, 12.8 millones de alumnos en educación básica, que- dan bajo la responsabilidad de los mandatarios que acaban de llegar o se incorporarán al final de este año.


Los ciudadanos tenemos que pre- miar –incentivo- a los


que les importa la educación y que implementan, esquivando la simu- lación y el sabotaje, las leyes. Y tie-


gobiernos


2. Involucrar a todos los docentes de su estado en experiencias de forma- ción continua que sean relevantes y pertinentes para su contexto. La formación continua debe realizarse según las necesidades de sus alum- nos y las problemáticas específicas de sus escuelas, con especial aten- ción a los procesos de preparación a la evaluación de desempeño o como consecuencia de ella, para el reforzamiento o para el crecimiento permanente. Los estados no pueden depender siempre de las opciones a distancia que se ofrecen como com- plemento desde la Federación; les toca a las entidades garantizar que existan alternativas suficientes y de calidad para la formación docente.


3. Depurar la nómina docente en cada estado, evitando desvíos o pago a comisionados que deben estar sin goce de sueldo, con el Sis- tema de Información y Gestión Edu- cativa funcionando en cada estado y alimentado por información desde cada escuela. Los gobernadores y secretarios de educación estatales son los responsables de depurar sus nóminas docentes, publicar las estructuras y plantillas, reportar al gobierno federal de manera oportu- na las comisiones sin goce de sueldo y resolver los otros problemas detec- tados en cuanto a plazas. Todo ello implica poner en línea y asegurar la actualización del sistema de infor- mación sobre el sistema educativo de cada estado (el SIGED estatal),


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