presión”, y se referían a ellos con sinónimos como “poder en la sombra” sin aportar datos ni pruebas, otorgándoles automáticamente el rol del villano de la película, el mismo que interpretaban los tres maquiavélicos personajes mencionados en Thank You For Smoking. Olvidaban que buena parte de la presión procedía de la sociedad civil, organizada a través de plataformas como MoveOn o The 60 plus Association.
Aún así, no todo son malas noticias para los pro- fesionales de los asuntos públicos. Desde hace ya varios años parece que algo está cambiando en el lobbying. Se trata de un proceso que se está de- sarrollando paso a paso, sin prisa pero sin pausa, en diferentes escenarios y que apunta en dos di- recciones fundamentales: por un lado, hacia una mayor regulación y transparencia del lobbying y las relaciones institucionales, lo cual contribuirá a una mayor legitimidad y, esperemos, aceptación de la actividad. Por otro, hacia la profesionalización del lobbying, una actividad cada vez más extendi- da con un empuje que parece imparable; no sólo en Washington DC, capital de los asuntos públicos por excelencia, sino también en Latinoamérica y Europa.
En busca de una mayor transparencia
La primera década del siglo XXI ha sido muy
fructífera en lo que a la regulación del lobbying se refiere. Incluso en Estados Unidos, donde los primeros ejemplos de esta actividad se remontan al siglo XIX, hemos asistido a un proceso de re- regulación de la misma. El ejemplo más inmediato es la aprobación durante el mandato de George W. Bush de la llamada Honest Leadership and Open Government Act en 2007 –diseñada para comple- mentar a la Lobbying Discolure Act del año 1995–, que introdujo nuevos requisitos para garantizar la transparencia en torno a los grupos de interés y restringir lo que se conoce como revolving door (el tránsito de ex-empleados del sector público al sector privado, generalmente a aquellas empresas con las que se relacionó en su etapa como funcio- nario, para practicar el lobbying).
En Europa asistimos actualmente a un proceso
de regulación apasionante que pretende situar al continente al mismo nivel que Estados Unidos. En 2005 la Comisión Europea, órgano ejecutivo den- tro de la compleja organización institucional de la Unión Europea, puso en marcha la Iniciativa Eu-
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ropea en favor de la Transparencia, nacida del deseo de garantizar “un elevado nivel de transparencia”, en la creencia de que “la Unión debe someterse al control público y rendir cuentas de sus activi- dades”.
Un año más tarde, se presentó el Libro Verde de
la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, documento destinado a canalizar y promover el debate en el que se recogían algunas recomenda- ciones, entre las que se encontraba la de “establecer un marco más estructurado para las actividades de los grupos de interés”, también denominados gru- pos de presión. El objetivo final es, básicamente, que el público esté informado de la aportación de los grupos de presión en las instituciones europeas: a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian.
El Libro Verde recogía la posibilidad de estable-
cer un registro de grupos de interés, que en 2008 se convirtió en una realidad. Actualmente, ya hay cerca de 2.800 grupos de interés dados de alta en este registro de carácter voluntario, en el que figura una cifra orientativa del volumen de negocio de cada uno de ellos, así como sus áreas de actuación preferentes. Entre dichos grupos hay consultoras, sindicatos, asociaciones profesionales, ONGs, etc., que con su adhesión al registro se comprometen a respetar un Código de Conducta elaborado por la Comisión.
Tras un proceso de análisis de los resultados ob-
tenidos desde su apertura, la Comisión y el Par- lamento Europeo han retomado recientemente el trabajo con el objetivo de introducir mejoras en registro, referidas a cuestiones técnicas y adminis- trativas, como los mecanismos de quejas y sancio- nes. Además, algunas voces abogan por la obliga- toriedad de registrarse, pero no parece que esta medida vaya a implantarse, al menos de momento. Una asignatura pendiente sigue siendo el rol de los bufetes de abogados, que se acogen al principio de confidencialidad para evitar este registro. Otro gru- po al que la Comisión ve una operatividad de lob- bista es a los think-tanks, mientras que este colec- tivo sólo se considera como un “banco de ideas”.
El proceso seguido en la UE, todavía en mar-
cha, no es más que la versión a gran escala de otras regulaciones aprobadas por los estados de forma unilateral con el objetivo de regular el lobbying en sus instituciones. Desde el año 2000, varios estados han aprobado un marco normativo específico para la actividad de los grupos de interés –Israel, Perú,
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