Por Ricki Chávez-Muñoz Juego de palabras


Al ritmo de La cucaracha en el Juego mexicano


El problema es que algunos políticos siguen una agenda propia donde los intereses personales y de su partido priman, ante todo. El problema de algunos políticos latinoamericanos radica en llenarse los bolsillos antes de todo. En México, ese problema puede contener todo lo anterior, con descarado machismo, donde nada realmente importa, sea la corrupción o el crimen.


La industria mexicana de juegos de azar obtuvo su primera ley con base en un capricho presidencial para prohibir los casinos, que en 1947 estaban controlados en su mayoría por elementos criminales, dondequiera que operaran, bajo la batuta del presidente era Miguel Alemán Valdés, negociador absoluto y eventualmente acusado de corrupción.


Eufemísticamente, llamada Ley Federal de Juegos y Rifas, la casi obsoleta Ley de 1947 fue maquillada en 2004 cuando el fallido candidato presidencial Santiago Creel, como Secretario de Gobernación, impuso regulaciones a la casi obsoleta Ley para otorgar permisos de operación a establecimientos con máquinas de juego Clase 2, o recreativas.


Las regulaciones de Creel permitieron a Televisa, el grupo de televisión que se dice que pone a los presidentes mexicanos casi a voluntad, obtener alrededor de 146 permisos para abrir salas de juegos y sorteos (casinos) en México. Desde entonces, los secretarios de la Segob han ido y venido con enmiendas a la ley y nuevas regulaciones para una industria en crecimiento, pero con pies de barro.


Como la mayoría de los operadores y expertos responsables trabajando en la industria del Juego, hemos buscado terminar con los aparatos legales de juegos de azar mexicanos de 1947 y 2004, e instituir una nueva Ley Federal de Casinos para dar serio soporte a la enorme inversión en la industria del Juego, iGaming y Apuestas de México. Por desgracia, el actual grupo de políticos solo ve que lo único que pueden hacer es seguir exprimiendo a la industria del juego mexicano con mal concebidas imposiciones de impuestos que únicamente benefician a los operadores ilegales.


Porque el propuesto nuevo aumento de impuestos del 50% sobre los IEPS -impuestos a las ventas- a la industria mexicana del juego puede parecer una buena idea como parte del Paquete Económico 2026 presentado al Congreso por la Secretaría de Hacienda, pero nunca se sabe en verdad con los políticos de hoy y sus patrones financieros que pueden provenir de empresas televisivas o mexbet-punto-com. ¡Ándele!


En este momento, la industria de los casinos de México es un gigante que mueve más de US$7.230 millones y se encuentra amenazada por Gobierno y su Paquete Económico 2026, que según los expertos puede aplastar al sector porque, “el


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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 50% sobre los ingresos del juego, frente al 30%, se acumula sobre un impuesto sobre la renta corporativa del 30% para una carga efectiva que podría exceder el 60%”


Al parecer, los sitios ilegales de apuestas online con base en el extranjero que operan en México se llevan más de US$450 millones al año del país, y ahora, “los operadores mexicanos enfrentan un panorama sombrío, con márgenes cada vez más reducidas, una caída proyectada del 15-25% en la participación de los jugadores e inversiones estancadas en un mercado que anteriormente se encontraba preparado para el crecimiento” y enfrentarán perores cosas si el Congreso aprueba las nuevas propuestas fiscales.


Sin embargo, existen políticos que no tienen dos dedos de frente para auscultar el amplio panorama de un país cuando se trata de asuntos que no conciernen a sus propios intereses y simplemente juegan el papel de bienhechores aumentando impuestos bajo la patraña de apoyar programas sociales, o quizás usando malas artes para enriquecerse mientras trepan en carrera a lo más alto que puedan llegar, sin importarles, como en este caso, que la industria mexicana del juego empiece a moverse al ritmo de La cucaracha.


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