EN PORTADA Maritza Isabel Rodríguez (Germani, Nicaragua)


Enfermera de profesión, es la única persona en su comunidad con este nivel académico. Además, ha llegado a ser líder comunitaria. Una labor que ejerce las 24 horas del día, por convicción: “Hay que concienciar a las personas, sean indígenas o campesinas, vivan apartadas de todo o no, sean pobres o no, de que el Derecho a la Salud es universal”, explica rotunda. Sabe que el camino es largo y duro, pero se congratula de estar empezando a ver los primeros resultados: “Hemos logrado que las mujeres embarazadas asistan puntuales a sus controles, evitando así más muertes maternas”.


Teresa Velasco (Nueva Esperanza, Guatemala)


Viene de la comunidad de Nueva Esperanza y habla en Ixhil, su idioma original. Con la barrera que el idioma supone para el en- tendimiento entre las poblaciones indígenas de estas aldeas y el personal de salud de los hospitales, que sólo hablan castellano, eso es una gran ventaja. Con ella, todos y todas se entienden. Atiende una comunidad en la que viven 200 familias e invierte una media de 45 minutos en cada visita que realiza. Sabe de la importancia de este programa para la población y así lo transmite: “Hay que seguir fortaleciéndolo”.


¿CÓMO SE ELIGE A LOS/LAS PROMOTORES/AS DE SALUD?


Compromiso y buen hacer son dos atributos que definen a los promotores y las promotoras de salud, pero detrás, hay mucho más: se busca que sean referentes o líderes en las comunidades en las que van a trabajar, que tengan algún tipo de educación formal que les permita el aprendizaje de las tareas que luego van a desarrollar, que sean voluntarios/ as y que se empoderen. A partir de ahí, no hay condicionantes. Éste programa, por ejemplo, cuenta con promotores y promotoras de salud cuya edad oscila entre los 18 y los 56 años, y en aras de lograr una igualdad de género, cuenta con representación tanto masculina como femenina, aunque los primeros, sean los menos. En muchos países de esta región, está mal visto que los hombres se dediquen a otras labores que no sean las productivas.


Las dificultades económicas de gran parte de la población les impiden, por lo tanto, acceder a este servicio que está dominado por las compañías farmacéuticas. Industrias que, en nuestra región, pertenecen a las grandes corporaciones y a algunos grupos de poder de otros países, y que no están dispuestos a ceder ni lo más mí- nimo, en términos de bajar precios, regular la calidad de los medicamentos, etc. Son ellos los que dominan el mercado y los servicios privados de salud, y son las dificultades económicas las que determinan su consumo.


Más allá de estas condiciones económicas, hay que cambiar el enfoque curativo por el preventivo. Y éste debe ser un enfoque basado en derechos, lo que implica más recursos y más participación. Hay que universalizar los derechos de la salud y eso exige una fuerte inversión y participación de los Estados, pero también implica una apertura consistente a la participación de la sociedad civil y de la cooperación internacional en todo este entramado.


Los desafíos son, por lo tanto, evidentes: se debe incrementar la inversión en salud, hay que hacer prevalecer los marcos legales y compromisos internacionales, hay que promover estrategias de participación ciudadana que potencien comunidades vigilantes de la salud de sus pobladores, y hay que establecer políticas de Estado que privilegien a la población más vulnerable y desprotegida, que es aquella que no cuenta con ingresos, que vive en las lejanías o que simplemente por el hecho de ser indígena, resulta marginada.


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