Colombia
Coljuegos solicitó el bloqueo de portal web ilegal que opera apuestas sobre eventos electorales
Las apuestas sobre eventos electorales no están reguladas en el país y, por lo tanto, representan una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar. Debido a ello, Coljuegos solicitó a los proveedores de servicios de internet el bloqueo del portal web Polymarket, a través del cual se realizan predicciones, se recauda dinero y se cursan apuestas en criptomonedas sin la respectiva autorización por parte de la entidad.
“Queremos decirle a los colombianos que este sitio web es ilegal y que no cuenta con los permisos requeridos para operar juegos por internet en Colombia. Por ello, hemos solicitado que el sitio sea bloqueado y hemos abierto una indagación a los responsables de incurrir en esta actividad ilícita”, dijo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.
Así pues, si bien la plataforma se promociona como un sitio web de “predicción de eventos futuros”, en la práctica se configuran elementos legales como el riesgo patrimonial, la expectativa de premio y el resultado dependiente de un evento incierto, los cuales definen a los juegos de suerte y azar.
“Le recordamos a la ciudadanía que la explotación de los juegos de suerte y azar es un monopolio rentístico del Estado, y que para operar cualquier tipo de apuestas se requiere una autorización por parte de Coljuegos”, agregó Hincapié.
Cabe mencionar que, a la fecha, Coljuegos ha solicitado el bloqueo de 28.100 sitios web que operaban juegos por internet ilegales, y se espera que en los próximos meses se emitan cerca de 3.000 solicitudes de bloqueo adicionales.
“Nuestro propósito es defender la industria legal que, este año, ya ha aportado $256.746 millones para la salud subsidiada, y cerca de $783.000 millones por concepto de IVA”, dijo el presidente de la entidad.
Es importante destacar que en Colombia solo existen 14 operadores legales de juegos por internet: Rushbet, Stake, BingoCasinos, Betano, Betplay, Wplay, Sportium, Codere, Luckia, Rivalo, YaJuego, Bwin, Zamba y Betsson.
Coljuegos y Gobernación del Valle firmaron pacto para combatir los juegos de suerte y azar ilegales
Coljuegos, la Gobernación y la Lotería del Valle firmaron un pacto por medio del cual se comprometen a aunar esfuerzos para luchar contra las estructuras criminales que operan juegos de suerte y azar ilegales en el departamento y que, por ende, defraudan los recursos para la salud subsidiada.
De acuerdo con el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, este pacto permitirá que las diferentes entidades del Estado trabajen de manera articulada para combatir prácticas como el chance blanco, las rifas ilegales y los casinos clandestinos que operan en el Valle.
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“Este es el pacto número 41 que firma nuestra administración. Le estamos diciendo a todas las gobernaciones, loterías y concesionarios que nos apoyen en la lucha contra los juegos no autorizados. Proteger los recursos para la salud es una responsabilidad compartida”, indicó Hincapié.
De igual manera, el Presidente de la entidad manifestó que, entre enero y agosto, los juegos territoriales de chance, lotería y Rasp&Listo han aportado al sistema de salud alrededor de $426.505 millones, motivo por el cual es necesario intensificar los esfuerzos para combatir la ilegalidad.
“Cada recurso que llega proveniente de los juegos de suerte y azar es para fortalecer la salud de los vallecaucanos. Este año, han llegado cerca de $48.000 millones por parte de la beneficencia, y además se viene presentando un crecimiento sostenido cada año”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.
Por su parte, Rubén Felipe Lagarejo, presidente de Fedelco y gerente de la Lotería del Valle, indicó: “Le legalidad debe ser una constante para proteger las transferencias a la salud, con las cuales se atienden a las personas más necesitadas. Los juegos de suerte y azar, además de aportar al sistema subsidiado, también generan empleo en el país”.
Al pacto por la legalidad firmado en la ciudad de Cali también asistieron representantes de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Asamblea Departamental del Valle.
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