Brasil
La legalización de los casinos está lista para su votación en el Senado
Entre idas y venidas, el Congreso Nacional de Brasil intenta poner en la agenda la legalización de los casinos en Brasil, un debate que va de generación en generación, y que aún despierta fuertes divergencias. La propuesta en discusión prevé la regulación de los juegos de azar en complejos turísticos integrados, conocidos como casinos resorts, con hoteles, centros de convenciones y espacios de entretenimiento. La medida, según sus defensores, podría transformar el sector turístico nacional y aumentar la recaudación de impuestos. Los críticos, sin embargo, señalan riesgos como la expansión de la dependencia en el juego, el endeudamiento de las familias y la posibilidad de utilizar el sector para prácticas ilícitas.
Hace mucho tiempo atrás, Brasil tuvo su era de casinos. Entre las décadas de 1920 y 1940, lujosas casas de juego operaban en ciudades como Río de Janeiro, Petrópolis y Poços de Caldas. En los salones actuaban artistas de renombre, y el sector era visto como un símbolo de sofisticación. Toda esa realidad cambió en 1946, cuando el entonces presidente Eurico Gaspar Dutra firmó el decreto que prohibía la actividad, alegando razones morales y religiosas. Desde entonces, solo las loterías federales y, más recientemente, las apuestas deportivas han comenzado a operar legalmente.
En el panorama internacional, actualmente, de los 197 países miembros de la ONU – Naciones Unidas, el 75,52% ya ha legalizado los juegos de azar. Brasil se encuentra entre el 24,48% que aún no ha regulado la actividad. Aun
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Senador Irajá
así, cerca de 200 mil brasileños viajan anualmente para jugar en el extranjero, generando ingresos y empleos fuera del país mediante los costos de traslado y millonarias pérdidas en las mesas de juego de Las Vegas, Monte Carlo, etc.
Lo que está en juego
El proyecto de ley en análisis, PL 2.234/2022, de autoría del diputado federal Renato Vianna, autoriza la instalación de casinos en resorts integrados, con un número limitado por estado y estrictas reglas de concesión. La tributación de la actividad sería significativa: y parte de los ingresos recaudados irían a parar a las arcas públicas, destinadas a áreas como la salud, la educación y la seguridad. Además, habría requisitos de transparencia para combatir delitos como el lavado de dinero.
Según el senador Irajá, ponente del proyecto de ley en el Senado, este se encuentra listo para su votación en el Pleno del Senado, y añade: “El texto que hemos preparado es bien equilibrado, aportando las salvaguardias necesarias, mecanismos de control y se inspira en las mejores prácticas regulatorias internacionales. El proyecto de ley ya ha completado todas las etapas de revisión en las comisiones, pasó por la Cámara de Diputados y ahora está en manos del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para decidir cuál es el mejor momento para pautar el asunto y promover el debate en el pleno”.
Además, según el senador Irajá, el momento actual es ideal para
el procesamiento del PL 2.234/22, subrayando: “Brasil vive desde hace décadas con juegos y bingos que operan ‘en las sombras’, sin recaudación, sin inspección y sin protección ciudadana. En otras palabras: el juego ya existe, pero al margen de la ley. Regular es la forma correcta de traer seguridad, generar empleos y aumentar los ingresos en un momento en que el país necesita inversiones”.
Según estudios presentados por parlamentarios se estima que la legalización de casinos podría mover más de R$ 70 mil millones – poco más de US$13.000 millones – anuales y generar alrededor de 200 mil empleos directos e indirectos. Países vecinos como Uruguay y Argentina ya están cosechando frutos económicos con el sector, mientras que Estados Unidos, Portugal y Macao, en China, son ejemplos de centros mundiales para el juego y el turismo integrados.
Según Alexandre Sampaio, presidente de FBHA – Federación Brasileña de Alojamiento y Alimentación, los beneficios de la legalización serían inmediatos. “Con inversiones en prácticamente todos los capitales. Pero no nos engañemos, no serían grandes resorts los que se instalarían, sino bingos, porque en la votación final en el Congreso puede haber modificaciones y fusión de los proyectos de ley”, añade.
Por su parte, Bruno Omori, presidente de IDT-CEMA, defiende la tesis del impacto macroeconómico de la aprobación de PL 2.234/22, sosteniendo que: “Permitirá, a priori, insertar aproximadamente 70 mil millones de dólares en inversiones
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