Por Ricki Chavez-Munoz Un acto lleno


JUEGO DE PALABRAS


de diversión y ensueño


Escribimos esto, después de habernos llegado una nota donde el gobierno del Reino Unido llega a un acuerdo con una de las empresas más grande del mundo en la industria de juegos de azar, y por la promesa de pago de unos cuantos millones permite que subsidiarias con cuestionado manejo delictivo previo continúen como Pedro en su casa, es decir, como si no hubiese sucedido nada.


Que lejos estamos de aquel Acto legislativo de juegos de azar de 1968, mediante el cual, el regulador británico cerró operaciones de casino de dos de las empresas más grandes del país, en los 70, nada menos, que, por transgredir aspectos operativos y éticos de la Ley, que entonces no permitía avisos comerciales de los casinos o tragos alcohólicos en las mesas de juego, por tener como principal precepto la protección del ciudadano contra posibilidades de ludopatía.


Esa misma ley, que atrajo a muchos jóvenes a una emergente


industria


nacida entre telones de criminalidad y mafias, fue cambiada en 2005, para actualizarla. Por un lado, era necesario, pero por otro,


hizo


la cautela social para prevenir


de operadores intenciones


desaparecer el


abuso con


de llenarse


de billete sin importarles el bienestar social.


Lo buenos del British Gaming Act de 1968 es que puso la base de proteccion


Nos social


en muchos otros países que decidieron regular los juegos de azar.


ha causado sorpresa,


entonces, la noticia publicada por el diario chileno La Tercera, “Contradictoria señal en materia de casinos”, donde se cuestiona al Estado por la decisión del Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de otorgar licencias de casinos a subsidiarias de dos empresas acusadas de colusión en un caso que se encuentra en proceso ante la Fiscalía Nacional Económica, parece ser indicativa de estos tiempos donde se deja de lado la cautela.


Ciertamente, no se es culpable hasta que esto sea determinado por el proceso. Sin embargo, decisiones como la tomada por el CR de Chile no deben suceder en una industria tan delicada como la de juegos de azar. Sobre todo, cuando una de las empresas supuestamente involucradas, “en esta denuncia de colusión, Marina del Sol, se acogió a delación compensada”.


Las empresas cuestionadas, o investigadas de colusión, Dreams y Enjoy - o como un amigo chileno me dijo en su momento,


“tratan de formar una mafia de casinos, con más de diez operaciones solo en Chile”, desistieron de fusionarse bajo la acusación de colusión, y la pregunta que unos se hacen después de seguir leyendo la nota en La Tercera es, ¿Por qué el Consejo Resolutivo de la SCJ no tomó en cuenta las declaraciones de Marina del Sol, y si estas, afectaban a las propuestas de las subsidiarias de Dreams y Enjoy para hacerse de los permisos en las regiones de Antofagasta y Maule?


Porque orondamente, el viernes 10 de noviembre de 2023, el Consejo Resolutivo de la SCJ autorizó dos permisos de operación para casinos de juego a “la sociedad Dalmacia Gamming -entre cuyos accionistas figura el grupo Enjoy, que opera dicho casino desde 2008- y la Sociedad de Ríos Claros, ligada al grupo Dreams, respectivamente”.


La Autoridad puede argüir que en el caso del casino para Antofagasta solo existía una propuesta, pero este es un argumento banal ante un serio cuestionamiento de la calidad de la propuesta donde una empresa ligada a la postora es acusada ante la Fiscalía. El segundo caso, del casino en Maule no tiene asidero ni sentido


moral,


porque se otorga en base a una propuesta económica muy superior a la del otro postor.


La empresa operadora del Gran Casino de Talca con 15 años de trayectoria en la región de Maule no pudo competir


con la oferta de una empresa investigada ante la Fiscalía, y ha perdido


en el proceso licitatorio.


Ciertamente, un individuo no tiene el poder económico de un grupo, y peor si


este tiene el respaldo de las autoridades, como parece indicar La Tercera.


Los entes reguladores de casinos de juego deben ser pulcros en su accionar bajo el simple criterio de un meticuloso proceso de debida diligencia, y el cuestionamiento expresado por La Tercera debe alertar al Estado de Chile porque la decisión tomada por el Consejo Resolutivo para otorgar permisos de casinos durante el último proceso, decididamente, tiene un tufo mafioso.


Al parecer, la decisión del CR de Chile parece haber estado soñando porque con falta de seriedad decidió otorgar los permisos de casino indicado, sin importarle un proceso judicial en marcha, y La Tercera es clarísima en su conclusión: “Pero ante la ciudadanía ciertamente resulta cuando menos extraño que frente un procedimiento que organiza y resuelve el propio Estado antecedentes de este tipo (colusión) no tengan incidencia alguna en el proceso”.


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