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DOSSIER


Mucho antes de los sucesos de San Vicente, el 17 de octubre, el examen de Iván Cosovic me parecía apropiado para contribuir a un análisis menos frívolo o, si se prefiere, menos trivial del que descendía de las apreciaciones y de- cisiones de la AFA y de instanacias importan- tes del estado, respecto de actos de violencia que las instancias públicas parecían tratar con ignorancia de la esencia de lo político.


Por lo pronto, el hecho de que se derivara a una or- ganización social (en el caso las 62 Organizaciones sindicales) el control de actos previsiblemente multi- tudinarios, como el traslado de los restos del presi- dente Perón, constituyó un grave error conceptual y práctico, reiterado con alarde de picardías disfraza- das de tácticas inteligentes.


La famosa expresión de un sociólogo ilustre de fines del siglo XIX, que atribuye al estado el monopolio le- gítimo de la coerción, no era una derivación de au- toritarismo sino una de las consecuencias de la autoridad.


Muchos años atrás, por los años 50, quienes fuimos educados en el derecho por el maestro Rafael Bielsa y por el notable jurista uruguayo Eduardo Couture, nos enterábamos de que, si la esencia de lo político no se respeta, tarde o temprano la política se "venga". Esos maestros advertían sobre el riesgo de que el Estado se aparte.


En una analogía que, posteriormente, crisis tras crisis, recordaríamos por su elocuencia pedagógica, ambos sostenían que, así como el sistema bancario existe y da créditos en la medida en que la gente dé crédito a la ficción que supone evocar una institución que tiene las reservas suficientes para responder a la demanda de los clientes (ficción que hace agua tan pronto la in- credulidad lleva a que todos nos presentemos para demandar el pago de cheques a un tiempo y com- probemos que tales reservas en rigor no existen), tam- bién el Estado descansa en una ficción: que creamos en el efectivo monopolio de la coerción.


Si esa ficción es desafiada por la rebelión masiva, por la desobediencia constante y simultánea de las reglas del juego, por el delito difundido, el Estado, como institución, exhibe sus vulnerabilidades. Enton- ces, no es la ley la que protege al ciudadano, salvo la "ley de probabilidades". Es el apartarse del Estado y la exhibición de crisis de poder la que deriva en cri- sis de autoridad y de legitimidad del sistema político.


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Lo que viene sucediendo en el fútbol es un indicador no despreciable para ratificar la degradación que, de antiguo, padece nuestra cultura política. No ya nues- tra cultura del conocimiento, sino la relativamente au- tónoma dimensión política de la cultura.


Lo que Oscar Cornblit analizara a propósito de la "violencia espectacular" que exhibiera el deporte du- rante los dos últimos siglos está en la línea de lo que nuestro autor Iván describiera. Lo que José Luis Ga- limidi propone en un delicado escrito semanas atrás, en esta misma página ( Un juego que debemos jugar juntos ), merece ser leído para saber qué pérdidas estamos padeciendo.


Perteneciente al público de los tiempos del Indepen- diente de Erico, De la Mata y Sastre -y de sus equi- valentes en otras divisas-, cuando el gol de penal apenas se aplaudía y las jugadas de gol debían de- finirse en el área chica, con excepción aceptada para los "cañoneros", la degradación de la "igual dignidad de todos los participantes" es una manifestación de decadencia ética, estética y política.


Veinticinco siglo atrás, en su Retórica , Aristóteles ex- plicaba: "Sólo delante de aquellos a quienes despre- ciamos no expresamos vergüenza por una conducta vergonzosa..."


En una carta privada a su hija Soledad, Ortega y Gasset relata un encuentro casual con un famoso torero, en una recepción diplomática, en la embajada argentina en Madrid: "¿ Qué hace usted?", pregunta el torero. "Enseño filosofía", responde Ortega. "Hay gente pa tó", dijo el torero.





*Profesor de Ciencia Política en la UBA y en la Universidad de San Andrés


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