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 (Pag. 8)


- El numeral primero del art. 4° relativo al Patrimonio de Coljuegos


Es abiertamente inconstitucional, pues el artículo 336 de la Carta Política, prohíbe darle destinación distinta a los recursos percibidos por la explotación de juegos de suerte y azar por concepto de derechos de explotación que no sea para la salud pública.


Por lo anterior, mientras esté vigente la Consti- tución Política de 1991, no se podrán utilizar porcentajes de los derechos de explotación para los gastos de administración en que incurra cualquier entidad administradora de los juegos de azar. Estos recursos son exclusiva- mente para la salud.


Esta consideración fue presentada por la Pro- curaduría General de la Nación en el marco de la Sentencia C-005 de 2003, donde fue acusada la norma contenida en el artículo 106 de la Ley 715 de 2001, siendo accionante Antonio Barrera Carbonell y el Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa el 21 de enero de 2003: “3. El Procurador sostiene que la norma tampoco observa el mandato establecido en el artículo 336 de la Constitución, pues allí no se contempla “recurso alguno con destino al sector salud, por el contrario, al modificar el porcentaje en él señalado, aumentándolo, le restó al sector salud recursos para destinarlos ahora a la administración de la entidad que maneja el monopolio de los juegos de suerte y azar”.


En su concepto, “El porcentaje a que alude la norma acusada, está direccionado a cubrir los gastos de administración de la entidad pública que maneja el monopolio de los juegos de suerte y azar y no a producir rentas que sat- isfagan las necesidades del servicio de salud, como lo estatuye el artículo 336 de la Consti- tución Política”.


Por último, advierte que “llama la atención de este Despacho, que si las reformas introducidas en la Constitución Política a los artículos 356 y 357, fueron tendientes a racionalizar y equilibrar las finanzas de la Nación en relación con las trans- ferencias de ésta a las entidades territoriales en asuntos como la financiación de la prestación del servicio de salud, es irracional e inadmisible que se modifique la Ley 643 de 2001, para aumentar de manera desproporcionada un porcentaje con destino a la administración del monopolio de los juegos de suerte y azar, pues se pasó de un uno por ciento (1%) a un diez por ciento (10%) como reconocimiento por este concepto. Así las cosas, lo que refleja el precepto censurado, es la autorización a la entidad pública que administra el monopolio, para que disponga de cuantiosos recursos con destino a gastos de funcionamiento, desconociendo las preceptivas constitucionales y legales que propenden…”


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- Los numerales y artículos que otorgan a Coljuegos la facultad de inspección, control y vigilancia junto con la fiscalización, sanción y discusión del recaudo. Numerales 8 y 11 del art. 5, nume- rales 6 y 7 del Art. 16, numeral 5 del Art. 17 y la derogatoria expresa del art. 45 Ley 643 de 2001 entre otros.


La derogatoria expresa de las funciones de la Superintendencia Nacio- nal de Salud establecida por la Ley 643, comporta que las funciones dadas a este ente de control serán asumidas por Coljuegos, desde luego, solo cuando se trate de juegos del orden nacional o administrados hoy por ETESA en Liquidación, hecho que involucra la concentración de unas funciones dadas con- stitucionalmente al Presidente de la República y delegadas exclusivamente a las superintenden- cias del país.


Sin embargo y olvidando este principio consti- tucional, el Decreto 4142 de 2011 a lo largo de sus artículos asigna a Coljuegos facultades de control para los juegos que ella misma podría llegar a operar y en los cuales obra en calidad de concedente. Nos preguntamos si constitu- cionalmente el ejecutivo ¿puede delegar esta función en empresas industriales y comerciales del Estado, descentralizadas y que actúan en su objeto en calidad de parte dentro de un contrato estatal? Interrogante que debe ser profundizado a la luz de los test que desarrolla la Corte Con- stitucional cuando se trata de defender el texto mismo dado en la Carta Política.


Ahora, no solo se trata de desarrollar una función de control atribuida a otras entidades públicas sino que se contempla la posibilidad de que intervengan particulares en el control, cuando el numeral quinto del art. 17 plantea que se puede “Ejecutar el control al cumplimiento de las condiciones contractuales y los reglamentos de juego directamente o a través de terceros”, in- volucra el traslado de facultades eminentemente administrativas que solo puede materializar las entidades públicas revestidas con el fuero de autoridad administrativa y no erradamente los particulares como se pretende.


- Numeral 2º del art. 16 Participación de inversionistas extranjeros Mientras el Congreso se preocupa por trazar una política de apoyo a la industria nacional, medi- ante la Ley 816 de 2003, claro está exceptuando


Juan Holguin - Presidente FECOLJUEGOS


los contratos relativos a la adquisición o suminis- tro de bienes y servicios de características técni- cas uniformes, este Decreto Legislativo propone la promoción de la inversión extranjera, en un mercado donde más del 90% de la industria de los juegos de azar está en cabeza de empresas nacionales, sin que hasta la fecha se haya impul- sado alguna política de promoción a la industria nacional de los juegos de suerte y azar.


- Numerales 2 y 4 del art. 17 relacionados con la gestión contractual. Se introduce la posibilidad de realizar cambios y modificaciones a los contratos de operación de los juegos de suerte y azar, sin precisar bajo qué condiciones y procedimientos, situación que comporta enormes preocupaciones relacionadas con los derechos que se adquieren cuando se ostenta la calidad de contratista o concesionario del Estado. Hace falta claridad en este punto, para verificar si la pretensión es modificar algunos preceptos de la Ley 80 de 1993 y de los Códigos Civil y Comercial.


Finalmente, es discutible la calificación que se hace en el numeral 4º al señalar que hay ilegali- dad en el comportamiento de los operadores de juegos de suerte y azar; las sanciones para los operadores que incumplan las condiciones con- tractuales se encuentran descritas en las leyes y para el acceso a un contrato se debió cumplir unas condiciones taxativas. Resulta ahora que cualquier conducta ¿puede ser considerada en el mismo nivel de una operación abiertamente clandestina? Creemos que no y algunos trata- mientos que en vez de ser igualitarios de dere- chos, podrían ser utilizados para discriminar a la persona jurídica que se esfuerzan por cumplir un contrato estatal, muy a pesar de las cargas tributarias que el Estado le impone, mientras que el operador ilegal que no tiene la intención de solicitar un contrato, ni asegurar los recursos para la salud, sea medido con el mismo rasero.


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