República Dominicana
Uno de los principales puntos de alerta planteados por la organización fue el presunto incumplimiento del “Plan de Premios Regulados”, que establece límites para la estructura de premios dentro del sector. Según FENABANCA, algunos operadores están ofreciendo montos excesivos que alteran la estabilidad del mercado y favorecen de forma desproporcionada a unos pocos actores, debilitando la viabilidad de los negocios que sí cumplen la normativa.
Cristian Montero Núñez también cuestionó la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda y Economía y de otros organismos del Estado, al considerar que una regulación y supervisión más estrictas podrían generar ingresos fiscales millonarios en un momento de presión económica más amplia para el país. Indicó que el gremio ha sostenido al menos seis reuniones con el presidente Luis Abinader, además de otros encuentros con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sin que hasta la fecha se hayan traducido en medidas efectivas para reorganizar el sector.
En uno de los pasajes más duros de su intervención, Montero Núñez afirmó: “Es inaudito que no se actúe; resulta imposible no pensar que alguna autoridad se esté beneficiando”.
Entre las prácticas irregulares denunciadas por FENABANCA figura la venta de números a través de terminales remotas, incluso en centros hospitalarios y educativos. El gremio calificó esta práctica como una vulneración grave que afecta a poblaciones sensibles y que añade una dimensión social al problema de supervisión.
La organización advirtió además que el desorden actual podría estar provocando pérdidas anuales de al menos RD$5.000 millones, equivalentes a unos US$84,5 millones, por concepto de impuestos no recaudados. En su opinión, el sector se está acercando a un escenario de “anarquía” si no se refuerza la fiscalización y no se aplica con mayor consistencia el marco regulatorio vigente.
La denuncia se suma a otras preocupaciones sobre el crecimiento del juego ilegal en la República Dominicana,
donde la expansión de operadores no autorizados empieza a plantearse no solo como un problema comercial, sino también como una cuestión fiscal y de gobernanza para el Estado.
Los cruceros con casino deberán pagar licencia de operaciones en aguas dominicanas
El Gobierno de República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, ha decretado que los cruceros que operen casinos o salas de juegos de azar en sus aguas deberán contar con una licencia oficial, en el marco de una nueva normativa que busca ordenar y supervisar esta actividad vinculada al turismo marítimo.
La medida, recogida en la Resolución 164-2026, establece que las embarcaciones que atraquen fondeen o naveguen en el país y ofrezcan juegos de azar deberán cumplir una serie de requisitos administrativos y financieros para poder operar legalmente.
El coste de la licencia variará en función de la capacidad del crucero, con tasas que oscilan entre un millón y 1,5 millones de pesos dominicanos. Esta regulación afecta especialmente a los denominados cruceros de primera categoría que incluyen casinos como parte de su oferta de ocio a bordo.
Además, la normativa impone controles estrictos, incluyendo mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como el cumplimiento de procedimientos regulatorios específicos en la gestión de estas actividades.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan reforzar el control sobre el sector, al tiempo que amplían y ordenan la oferta de entretenimiento asociada al turismo de cruceros, uno de los segmentos en crecimiento dentro del destino caribeño.
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