Por la Ruta Legal Mincetur destruyó 217 máquinas tragamonedas ilegales


El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destruyó 217 máquinas tragamonedas que eran usadas de manera ilegal en diferentes localidades del Perú. Todas ellas valorizadas en aproximadamente US$ 150 mil. Esta es una clara muestra del accionar del Mincetur por erradicar la informalidad, reafirmando su compromiso en la lucha contra cualquier intento de ilegalidad en la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas.


Es importante mencionar que, respecto a las máquinas destruidas, 101 no contaban con autorización de uso por parte de Mincetur y 116 máquinas estaban dirigidas a menores de edad. El decomiso de las máquinas se realizó en salas de juego, bodegas y otros ubicadas en distintas regiones de nuestro país, como: Loreto, Pasco, Cajamarca, Junín y Lima; contándose con el apoyo y trabajo articulado del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.


El decomiso de máquinas tragamonedas y la clausura de locales están determinados en el artículo 11° de la Ley N° 28945, que faculta a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur a cerrar aquellas salas que no cuentan


con autorización del sector, procediéndose a la incautación de las máquinas para su posterior destrucción. De acuerdo al Código Penal, quienes participen en esta actividad ilegal serán objeto de pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, entre otras sanciones administrativas.


Coljuegos continúa acciones contra operaciones ilegales


Coljuegos lideró tres operativos de control a las operaciones ilegales en los juegos de suerte y azar, que permitieron el retiro de 292 elementos en los departamentos de Sucre, Norte de Santander y Magdalena. La primera acción fue en el departamento de Norte de Santander, en donde se adelantaron labores de verificación en los municipios de Puerto Santander, Villa del Rosario y Cúcuta, allí fueron retirados 105 elementos de juegos de suerte y azar (21 máquinas electrónicas tragamonedas, 16 puestos de ruletas y 68 elementos de apuestas deportivas). Esta acción de control se realizó en 14 establecimientos y se estima que la operación de los elementos retirados en esta zona del país equivale a cerca de COL$1.300 millones de pesos más el IVA, los cuales se han dejado de percibir por derechos de explotación.


En el departamento de Sucre, las acciones de control se realizaron en 7 establecimientos de los municipios de Las Majaguas, San Marcos y Guaraná, permitiendo el retiro de 110 elementos de juego que operaban de manera ilegal (67 máquinas electrónicas tragamonedas, 12 puestos de ruletas y 31 elementos de apuestas deportivas). Se estima que los elementos que fueron retirados del mercado ilegal representaban cerca de COL$3.196 millones de pesos más el IVA, que no ingresaron a las arcas del sistema de salud por derechos de explotación.


Así mismo, en el departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, Coljuegos en compañía de la Policía Nacional realizó acciones de control en 8 establecimientos logrando el retiro de 77 elementos de juego de suerte y azar ilegales (63 máquinas electrónicas tragamonedas y 14 elementos de apuestas deportivas). Los elementos decomisados representaban por derechos de explotación más el IVA cerca de COL$2.212 millones de pesos.


Confirman imputación por lesión de confianza contra Ortiz


La Cámara de Apelación integrada por los jueces Bibiana Benítez, Gustavo Auadre y Andrea Vera confirmó la imputación por lesión de confianza, usurpación de funciones


públicas, prevaricato y exacción contra el


expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz Báez y Carmen Corina Alonso, actual directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).


Los integrantes del tribunal de apelación consideran que no corresponde la nulidad del acta de imputación y, por ende, ratificó el presente proceso penal contra las dos personas. El abogado Andrés Casati, en representación de Ortiz Báez y Alonso, había presentado un incidente de nulidad del acta de imputación, pedido que fue rechazado por el juez Humberto Otazú.


José Antonio Ortiz Báez 29


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