Por La Ruta Legal


PUERTO RICO – Comisión de Juegos denuncia operaciones ilegales


La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ha declarado que no es correcta la interpretación de un grupo de operadores de máquinas ilegales, que se atribuyen haber prevalecido ante el Tribunal Supremo, alegando ilegalidad sobre los reglamentos que regulan la industria de juegos de azar en ruta.


El director de la Comisión de Juegos (CJ), Orlando Rivera, explicó que el Tribunal Supremo ordenó de manera temporal la paralización de la implementación de los reglamentos que regula la industria de máquinas, conocidas como tragamonedas en ruta, hasta tanto el foro de mayor jerarquía evalúe los méritos del caso y pronuncie su determinación.


Según Rivera, los operadores de máquinas de juego ilegales, autoproclamada como la Coalición de Operadores de Máquinas de Videojuegos para Adultos, concluye erróneamente que. “el Supremo declaró ilegal los reglamentos”, lo cual, “evidencia la intención maliciosa de manipular la verdad para burlar la ley, por parte de un grupo de operadores de máquinas, que no cuentan con licencias expedidas por la Comisión de Juegos, por lo que su actividad es una ilegal”.


Rivero añadió que, “los reglamentos impugnados por estos operadores de máquinas ilegales fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y pasaron por vistas públicas, un periodo que se extendió por meses, por lo que estos tuvieron la oportunidad de expresarse en múltiples instancias. Luego de estos procesos, los reglamentos fueron aprobados y se tornaron vigentes desde hace dos años, de conformidad con las disposiciones transitorias que establece la Ley 81.


“Mientras 110 operadores se han regido por la ley y están cumpliendo con su deber ciudadano, este otro grupo persigue continuar por la libre, operando de manera ilegal. Estos han recurrido a radicar una demanda como subterfugio para dilatar el proceso de implementación de los reglamentos, que tendría el efecto de emitir multas e incluso, hasta radicar cargos criminales


por violaciones de ley”.


La Ley 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada por la Ley 257, que fue aprobada en


2018, ordenó a la Comisión de Juegos


crear reglamentos los que


establecen los procedimientos internos


de


evaluación de solicitudes para las licencias de operadores


de


máquinas y la fiscalización de la industria.


Orlando Rivera, Director de la Comisión de Juegos


Se estima que existen alrededor de 100,000 máquinas tragamonedas que, por décadas, han operado de manera ilegal sin rendir contribuciones al fisco ni pagar licencias.


La Comisión de Juegos proyecta ingresos estimado de US$260 millones anuales como resultado de la implantación de esta Ley y el cobro de licencias y porcientos de las ganancias producidas por las jugadas de las máquinas. Según la Ley, el 50% de los recaudos que genere la regulación de las máquinas se destinará al retiro de la Policía de Puerto Rico y otro 45% para el pago de la partida del Plan de Salud del Gobierno que corresponde a los municipios. El restante 5% irá dirigido a la operación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que permitirán alegar recursos en pro de la fiscalización y cumplimiento de la ley.


PARAGUAY – Allanan las oficinas de la Conajzar


No nos sorprendió la noticia que nos llegó desde Paraguay sobre el allanamiento de las oficinas de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), relacionada con la presunta concesión irregular de tragamonedas y otros. Hasta la fecha, José Antonio Ortiz, el titular de la Conajzar parecía intocable por el supuesto blindaje político, después de sobrevivir investigaciones de la Fiscalía de la nación e interpelaciones por senadores y diputados.


Según el diario local La Nación, el


agente fiscal Osmar Legal realizó un allanamiento por lesión de confianza, en la oficina de la Conajzar, por el caso donde se encuentra imputado Ortiz, y el exprocurador Sergio Coscia, quien es actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.


Durante el procedimiento se incautaron documentos que se tendrán que analizar y tampoco se descarta que se amplíe


José Antonio Ortiz


la imputación a otras personas que están siendo investigadas, mencionaron los agentes intervinientes en el presente caso. Entre estas personas deben estar los responsables de la empresa iCrop S.A., que recibió un lucrativo contrato de la Conajzar, sin licitación pública alguna, para realizar trabajos regulatorios y se extendió en la operación de tragamonedas.


Según los datos legales, el viernes 07 de enero, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, “admitió la imputación y


procesó penalmente por lesión de


confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción al actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, así como al exprocurador Sergio Coscia y a varios miembros del directorio de la Conajzar por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de los tragamonedas en lugares prohibidos”.


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