Por la ruta legal


RRDD – El infame Caso Calamar afecta la industria del juego local


El Ministerio Público de Republica Dominicana ha identificado en el expediente acusatorio del caso Calamar las instituciones a través de las que la presunta red de corrupción encabezada, presuntamente. por los exministros: Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Los acusados cumplen medida de coerción por este caso por supuestos delitos por actos contra la ley.


Las instituciones afectadas por la red de corrupción incluyen, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de la Vivienda, otrora OISOE, la Contraloría General de la República, la Tesorería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, la Dirección de Presupuesto, la Dirección de Mensuras Catastrales, el Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano; también el Banco de Reservas.


Los acusados utilizaban por lo menos 11 instituciones del estado para el cobro ilegal de dineros a negocios de bancas de lotería, apuestas deportivas y de máquinas tragamonedas, empañando al sector del juego como víctima de los acusados en la ola de actividades delictivas en el país centroamericano.


El expediente elaborado por el Ministerio Público establece como la red delictiva en el caso Calamar utilizaba a la Dirección de Casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda para realizar operativos contra bancas de lotería,


CHILE Denuncian a la SCJ por adjudicación de licencias de casino


La noticia sobre el reclamo de la Corporación Meier, autorizada para operar el Gran Casino de Talca, ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile reclamando la anulación de la adjudicación de licencias de los casinos municipales, como reporta el medio local La Prensa Austral, sostiene con mayor vigor la denuncia presentada por este operador de casinos, en septiembre de 2022, ante el Tribunal de Defensa en Libre Competencia (TDLC), cuando denunció supuestas irregularidades relacionadas con las licitaciones concedidas en los concursos de casino de juegos por la SCJ.


En esta ronda de acusaciones, la Corporación Meier indica que las resoluciones que adjudicaron los permisos de 12 salas en todo el país “constituyen actos contrarios a derecho, procediendo, en consecuencia, su invalidación por cuanto se han infringido los principios rectores de las bases de licitación”.


La Prensa Austral reporta: “El reclamo de la compañía es en 16


contra de Dreams, Enjoy y Marina del Sol, quienes, según denuncian, se habrían puesto de acuerdo para repartirse los permisos de operación de los casinos municipales. La Corporación Meier basa sus acusaciones en un informe elaborado por el estudio de abogados Contreras Velozo, que analiza prácticas que habrían sido realizadas por dichas competidoras y que constituirían prácticas de colusión”.


Mas textualmente citando el reclamo de la compañía ante las autoridades, dice: “La existencia de conductas constitutivas de un acuerdo o práctica concertada de respeto con relación a las licitaciones, infringe abiertamente el principio de protección de la libre competencia, en virtud del cual las bases de licitación promueven la competencia entre todos los postulantes nuevos y/o renovantes de un permiso de operación ya otorgado, velando por el cumplimiento de la normativa dispuesta en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973”.


deportivas y negocios de máquinas tragamonedas, cobrándoles ilegales sumas de dinero a modo de extorsión. Además, los acusados gestionaban expropiaciones irregulares de terrenos, así como, la compra de inmuebles con sobrecosto.


Las medidas de coerción más severas impuestas por la jueza, Kenya Romero, incluyen 18 meses de prisión preventiva para los exministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, mientras que, a Gonzalo Castillo se le impuso arresto domiciliario. A la fecha, se guarda medida de coerción contra 20 imputados, de los que 14 han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público.


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