This page contains a Flash digital edition of a book.
Reportaje // ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO CORRESPONSABLES 28 27


El pasado 23 de marzo, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Si bien muchas voces se han felicitado por la creación de esta norma, ya que España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley de acceso a la información pública, diversos segmentos de opinión han señalado importantes carencias del texto legislativo. El anteproyecto obliga al Gobierno central, autonomías y ayun- tamientos a hacer pública la información relativa a anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos, contratos adjudicados, conve- nios suscritos, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos y sueldos de cargos públicos. De hecho, contempla la creación de un Portal de la Transparencia que permitirá el acceso de los ciu- dadanos a dicha información. De todos modos, diversas organi- zaciones critican que se haya excluido de esta norma a la Casa Real y al Poder Judicial, exceptuando el Consejo General del Poder Judicial. También, permite responder con el silencio administrativo a las solicitudes de información del ciudadano: “Transcurrido el plazo máximo (un mes) para resolver, sin que haya dictado y notifi- cado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Para Victoria Anderica, responsable de campañas en Access Info Europe, ello “puede implicar un obstáculo muy importante para los solicitantes, ya que en España hay de media un 55% de silencio administrativo”.


El ciudadano podrá reclamar contra este silencio administrativo


ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios, que deberá responder en el plazo de un mes. Varios expertos cuestionan la independencia de este organismo, ya que su presidente es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.


La representante de Acces Info Europe también critica que el an- teproyecto no reconozca “el acceso a la información pública como un derecho fundamental inherente a la libertad de expresión”. Según el texto aprobado por el Ejecutivo de Rajoy, el derecho de acceso a la información publica será restringido cuando afec-


te a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública, además de cuando represente un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, la política econó- mica y monetaria o la protección del medio ambiente.


El anteproyecto de Ley incluye


sanciones como la destitución de cargos públicos y hasta 10 años de inhabilitación


El anteproyecto de Ley tipifica una serie de infracciones rela- cionadas con el buen gobierno como la malversación de fondos públicos, falsear u ocultar datos contables, la autorización de compromiso de gastos sin fondos, el incumplimiento deliberado de reducción de la deuda pública o no formular los planes de ajuste.


Esta norma estipula un conjunto de sanciones para hacer


frente a las infracciones contempladas, entre las que se en- cuentran la destitución de cargos públicos y la inhabilitación durante un periodo de entre cinco y 10 años.


PRINCIPIOS ÉTICOS El texto legislativo incluye nueve principios de actuación, entre los que destacan el abstenerse de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el puesto público, no aceptar regalos que superen los “usos habituales, sociales o de cortesía” y no valerse de “su posición en la Administración para obtener ventajas personales y materiales”. También contempla siete principios éticos, entre los que se encuentran el “principio de la buena fe”, el de la imparcialidad


Pros y contras del anteproyecto de Ley de Transparencia


• Es la primera ley de transparencia de la Administración Pública que se publicará en España.


• Obliga al Gobierno Central, autonomías y ayuntamientos a publicar los anteproyectos de ley, contratos, convenios, subvenciones, ayudas públicas, presupuestos y sueldos de cargos públicos.


• Tipifica infracciones como la malversación de fondos públicos o falsear u ocultar datos contables.


• Incluye sanciones como la destitución de cargos públicos y la inhabilitación durante un periodo de entre cinco y 10 años.


• La Casa Real y al Poder Judicial quedan excluidos de esta norma.


• El Estado se puede acoger al silencio administrativo.


• No contempla el acceso a la información pública como derecho fundamental.


• El presidente de la Agencia Estatal de Transparencia es nombrado y cesado de forma prácticamente libre por el Gobierno.


• No incluyen una ponderación entre el perjuicio de la publicación de una información y el interés público de la misma.


Más información en www.corresponsables.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107