evidente que el acceso a Internet constituye una necesidad básica y que es obligación del Estado

facilitar entre e

impulsar su uso y apropiación a través de,

políticas, establecimiento

otras el

de

conexiones de banda ancha que garanticen altos niveles de interacción de datos, voz y video.

Medidas como estas ya son un hecho en países pioneros como Suiza, que a partir del año pasado la asegura a todos sus nacionales, o Finlandia, donde a partir de julio del próximo año la legislación consagrará el derecho universal de acceso a Internet para sus casi seis millones de ciudadanos con un megabyte por segundo. Obviamente, son éstas otras latitudes.

¿Pero qué acciones se pueden esperar en nuestros predios? Aunque en Venezuela se registra un auge en el índice de penetración de banda ancha, decretos como el 6649 -que, como hemos dicho, califica el uso de Internet como suntuario- evidencian un retroceso inexplicable. Un decreto anterior, el 825, fechado en mayo del año 2000, establecía su uso como prioritario para el desarrollo. En México, como vemos, se promueve el criterio de pechar su uso con más impuestos. En esto estamos pares.

México y Venezuela: Las diferencias

Una diferencia entre ambos países, sin embargo, es la reacción del estamento político encargado de elevar una discusión de este calibre -que no es menor, pues se trata del desarrollo de la sociedad del conocimiento- a la esfera parlamentaria. Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20